Libertad sexual

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El TS confirma 22 años de prisión por ‘sextorsión’ a un hombre que chantajeó a 5 mujeres para tener sexo online

27 de julio de 2018 Noticias Abuso sexual virtual

La comisión del delito de abuso sexual de carácter virtual o por internet no requiere de modo específico un "contacto sexual" directo por parte del autor del delito, sino de "actos que vayan encaminados a atentar contra la libertad sexual de las víctimas”, donde las acciones desplegadas y declaradas probadas demuestran actos claramente atentatorios de su libertad sexual  y realizados sin su consentimiento, que es lo que integra el tipo penal, mediante "la advertencia de difundir archivos de ellas de alto contenido sexual y causándoles, con ello, un gran perjuicio personal y de imagen”.

La sentencia de 'La Manada' y la intimidación según el Tribunal Supremo

18 de mayo de 2018 Artículos doctrinales Polémica

La polémica Sentencia 38/2018 de 20 de marzo, dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra ha generado una reacción nunca antes vista en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Este artículo pretende partir de los hechos declarados probados en la Sentencia y ponerlos en relación con lo que establece el Código Penal y  la doctrina del Tribunal Supremo respecto a los delitos contra la libertad sexual para analizar, en términos generales, si pudo apreciarse la intimidación y por tanto la existencia del delito de agresión sexual.  

Garantía del principio de contradicción ante la imposibilidad de declarar la víctima de delito contra la indemnidad sexual

02 de febrero de 2018 Artículos doctrinales MENORES

Uno de los problemas fundamentales que se genera en este tipo delictivo es el referente al contenido de las pruebas y las dificultades de la misma atendiendo al hecho en sí mismo considerado, primero por la victima y sus circunstancias personales, menor, persona discapacitada... y dependencia con el autor en muchos casos, y segundo por la intimidad en la que se ejerce la conducta. Por tanto, es relevante fijar las directrices para poder probar la conducta delictiva, respetando en todo caso los derechos y garantías procesales tanto del juicio como de la persona del presuntamente agresor.

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